CRISIS EMPRESARIAL

Dos años ya de crisis sobre nuestras espaldas nos permiten analizar con cierta perspectiva sus consecuencias, que en el ámbito empresarial están siendo demoledoras. El hundimiento de la demanda nacional y mundial, unido a las en demasiadas ocasiones insuperables dificultades para acceder a financiación y a la caída del sector de la construcción, que había sido motor de la economía española en los años previos, se están traduciendo en la desaparición de miles de empresas.

Las cifras son claras. Así, según los datos de la Seguridad Social, de diciembre de 2007 a noviembre de 2009, España ha perdido 129.574 empresas, 3.227 en Aragón. Sumado a ello, las sociedades creadas han descendido más del 30% en términos interanuales.

Esas cifras reflejan personas; empresarios que habían involucrado en sus negocios su patrimonio, su vida, su familia, su esfuerzo y su talento; emprendedores que se han visto obligados a cerrar o a aplazar sine die proyectos de los que, a su vez, dependen empleos e impuestos que la sociedad deja de recibir. Empresarios que, de forma especialmente dura en el caso de las pymes –más del 90% de nuestro tejido productivo-, se ven abocados a cerrar o subsistir reduciendo sus plantillas e inversiones no por una mala gestión, sino por una crisis sobrevenida por especulaciones financieras, políticas inadecuadas y un modelo de crecimiento que se ha agotado.

La desaparición de miles empresas y las dificultades de todas se han trasladado dramáticamente al mercado laboral, cuya escasa flexibilidad ha impedido en España fórmulas que en otros países de la Unión Europea han posibilitado que las tasas de paro crezcan muy por debajo de la española, pese a sufrir la misma crisis. Y mientras el desempleo o la incertidumbre hace que los ciudadanos sigan constriñendo su consumo y las empresas su inversión; el Estado recibe menos ingresos al tiempo que la situación hace imprescindible ayudar a quienes la crisis ha golpeado con mayor virulencia, aumentando el endeudamiento, sin que exista una determinación clara de reducir el gasto público.

Una situación muy difícil, pero –no tengo ninguna duda- con salida si trabajamos todos con ganas y en la dirección adecuada. Y ésta pasa por crear condiciones favorables para que las empresas nazcan, subsistan y sean competitivas porque de ello dependen, por supuesto los empresarios, pero también la creación de empleo, el desarrollo económico, gran parte de los impuestos que revierten en servicios comunes y, en suma, el Estado del Bienestar del que nos hemos dotado.

Las estadísticas empiezan a atisbar ahora datos y perspectivas esperanzadoras, aunque demasiado modestas como para que se pueda pensar en salir de la crisis en 2010 –no olvidemos que una economía no crea empleo hasta que su PIB crece por encima del 2% -. Que se conviertan en realidades mejores y lo antes posible requiere medidas que los empresarios llevamos tiempo proponiendo y que hemos plasmado nuevamente en la Conferencia Empresarial de CEOE celebrada el 2 de diciembre.

Debemos ir hacia una economía más competitiva y abierta, en la que España deje de estar en cabeza de las trabas burocráticas y los costes para las empresas, hacia una modernización del mercado laboral que sea capaz de compatibilizar la flexibilidad que necesitan las empresas y la seguridad requieren los trabajadores, hacia una administraciones que reduzcan el gasto en lugar de seguir lastradas por el déficit estructural, hacia medidas que favorezcan la innovación y la internacionalización de nuestras empresas, hacia un sistema que fomente el espíritu emprendedor. En definitiva, hacia una sociedad en la que las empresas puedan volver a ser el motor del bienestar y el progreso para todos.






Autor: Jesús Morte Bonafonte. Presidente de CREA
Publicado en Heraldo de Aragón el día 12/22/2009.